- La construcción de vivienda pública para alquiler prevista hasta 2025 no llega al 1%.
- Existen más de un millar de viviendas vacías y alrededor de 2.300 inmuebles ocupados ilegalmente.
- “No solo se deber apostar firmemente por la vivienda pública en alquiler, sino que la gestión también debe ser dinámica y eficaz” explica Antonio Carroza, Presidente de Alquiler Seguro.
La oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 90% en España durante la última década. En Barcelona, por ejemplo, el descenso ha llegó a ser del 54% al cierre de 2022, un año marcado por las medidas restrictivas de la Ley de vivienda en Cataluña. Esta normativa ha generado una incertidumbre e inseguridad jurídica que motiva a los propietarios a retirar sus viviendas del mercado del alquiler, agravando el desequilibrio entre oferta y demanda.
El caos de las zonas denominadas como “tensionadas”
A pesar de esta situación, los planes de vivienda pública son insuficientes: en la ciudad condal, por ejemplo, se han construido 8.311 viviendas protegidas, de las cuales 1.318 son para alquiler. Esta cifra supone el 0,17% sobre el total de sus inmuebles. Por su parte, Madrid ha puesto en marcha promociones por un total de 31.114 viviendas protegidas, destinando al alquiler 6.022. En una ciudad de más de 3 millones de habitantes esto supone un 0,44% sobre el total del parque inmobiliario. Además, la gestión de la vivienda pública en la capital es pésima, como demuestran los casi 1.000 inmuebles vacíos y los 2.300 que se encuentran ocupados ilegalmente en este momento. En otros núcleos, como Sevilla y Valencia los proyectos de vivienda pública solo comprenden el 0.55% y 0.28% respectivamente, dando buena muestra de que este tipo de iniciativas son una tarea pendiente en todo el territorio nacional.
Más vivienda pública: la salida a la crisis de los precios del alquiler
Alquiler Seguro apuesta por incrementar la vivienda pública para alquiler como una de las estrategias más efectivas para aumentar el parque de alquiler disponible: “poner a disposición de los ciudadanos un mayor número de inmuebles de titularidad pública, tendría un efecto directo en los precios de este mercado al existir un mayor número de viviendas que satisficiesen las necesidades de los inquilinos”, explica Antonio Carroza, Presidente de Alquiler Seguro. Es decir, proveer al mercado de más vivienda es la solución más conveniente para que los arrendatarios encuentren alquileres a precios más estables y moderados. Sin embargo, se ha optado por medidas restrictivas que han producido el efecto contrario.
Los efectos de este panorama son evidentes sobre todo en los principales núcleos urbanos, donde el número de viviendas disponibles está muy por debajo de las necesidades de su población, dando lugar a unas rentas en máximos históricos. A nivel nacional, los planes para aumentar el parque de vivienda pública para alquiler apenas han llegado al 3% sobre el total de inmuebles, y los planes de cara a 2025 sitúan esta proporción en un 1%, evidenciando que están siendo abandonados en favor de intervenciones directas sobre el mercado.
Evolución de la vivienda protegida en España
*Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
