Los precios del alquiler siguen al alza, potenciados por la incertidumbre de inquilinos y propietarios ante las últimas novedades relacionadas con el mercado. Febrero es tradicionalmente un mes en el que los precios tienden a bajar, impulsados por un cierto estancamiento tras el comienzo del año. Sin embargo, según datos de Alquiler Seguro, el precio medio de los alquileres este pasado mes alcanzó los 933 euros, una subida de en torno al 4% respecto a enero.
En marzo, la escalada se ha moderado y los precios se han ido estabilizando, consiguiendo así el efecto que hubiéramos esperado en febrero. Sin embargo, la situación es incierta, debido principalmente a las incógnitas en torno a la Ley de Vivienda y su desarrollo a través de herramientas como la declaración de zonas tensionadas o el índice de precios de alquiler.
Este último, que entró en vigor el pasado 13 de marzo, es el instrumento con el que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana quiere hacer frente a las dificultades de muchas familias para acceder a una vivienda, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, su aplicación, que depende de las comunidades autónomas, conllevará unas consecuencias muy negativas que opacarán el escaso impacto positivo que podría tener.
La retracción de la oferta ya es una realidad. En Cataluña, la única comunidad autónoma que, hasta ahora, ha declarado una zona tensionada en 144 municipios donde podrán intervenirse los precios del mercado del alquiler, ya se está percibiendo una reducción del número de viviendas destinadas al arrendamiento de larga duración. En cambio, muchos propietarios han optado por explorar otras vías alternativas, desde la venta a otras modalidades de alquiler, como el temporal o el turístico.
El gran perjudicado de esta situación es, en definitiva, el inquilino. La oferta de vivienda ya es de por sí escasa frente a una demanda pujante, que cada vez ve más atractivo el alquiler como solución habitacional. Pero la retracción de la oferta no hará otra cosa que seguir empujando los precios al alza.
No hay vivienda suficiente para satisfacer toda la demanda
La realidad es que no hay vivienda suficiente para satisfacer toda la demanda del mercado. Las soluciones a esta situación deberían pasar por medidas para estimular la oferta y no por generar más incertidumbre con recursos poco efectivos que alarman a los propietarios y se lo ponen cada vez más difícil a los arrendatarios.
Los elevados precios expulsan del mercado a muchas personas que no encuentran una vivienda dentro de sus posibilidades económicas. Además, la inseguridad generada por la Ley de Derecho a la Vivienda ha contribuido a endurecer los requisitos para que un propietario acepte a un inquilino, en un contexto de escasez y desbordamiento de la demanda.
