- Los costes derivados de la nueva situación del mercado del alquiler en Cataluña suponen un varapalo para los profesionales del sector.
- La incertidumbre de inquilinos y propietarios desemboca en la contracción de la oferta, lo que precariza aún más el mercado del alquiler.
- Un 30% de los propietarios de viviendas se plantean ya alternativas al alquiler residencial, lo que agravará la gentrificación de la ciudad de Barcelona.
Los resultados de la declaración de la zona tensionada en Cataluña, que ya han empezado a dejarse sentir, ponen de manifiesto que no sólo fracasan en su objetivo, sino que además suponen un importante perjuicio para los profesionales del sector inmobiliario, donde peligran hasta un 25% de los puestos de trabajo, advierten desde Lloguer Segur.
Estamos ante una estrategia errónea que golpea en varias direcciones, subrayan desde Lloguer Segur, por un lado, en la destrucción de la oferta que golpea directamente a los inquilinos, que tendrán menos viviendas para alquilar, y por otro lado se acentuará la gentrificación de la ciudad de Barcelona.
Si bien la voluntad manifiesta es la de conseguir que los precios bajen, el alto grado intervencionista de esta regulación desemboca en una contracción de la oferta que provoca una tensión aún mayor en el mercado. Tanto es así, que hasta un 30% de los propietarios se plantean alguno de los modelos alternativos al alquiler residencial. Sin embargo, los inconvenientes con los que ahora tienen que lidiar desde el ámbito profesional de este sector no son una cuestión menor.
Desde Lloguer Segur, que gestiona más de 4.000 viviendas, ya se han realizado mediciones para comprobar cómo afecta esta nueva situación a su actividad y qué repercusiones puede tener para el futuro del sector y de sus trabajadores.
Un 25% de trabajadores afectados
El incremento de los costes y la reducción de la facturación debido a la contracción de la oferta desemboca en muchos casos en la pérdida de puestos de trabajo y en el empeoramiento de las condiciones laborales. Desde Lloguer Segur, se estima que hasta un 25% del equipo humano de estas empresas podría verse afectado por las consecuencias de la nueva situación. Por eso, los profesionales del sector inmobiliario forman uno de los colectivos que más está sufriendo los estragos de la Ley de Vivienda.
Mayores costes de asesoría jurídica
La continua aprobación de nuevas normas y modificaciones de las mismas relacionadas con la zona tensionadas y el índice en Cataluña implican una necesidad constante de asesoría jurídica, debido al alto volumen de consultas que deben realizar las empresas afectadas. Este hecho, genera unos costes significativos.
Complicación de los trámites para alquilar
La Ley de Vivienda que implica un incremento en los tiempos de formalización de los contratos de arrendamiento por actualización, lo que supone un incremento indirecto en los costes y una dificultad añadida al proceso. En este sentido, deben incorporarse a los procesos las comprobaciones pertinentes para determinar si un propietario es gran o pequeño tenedor, si la zona del inmueble es tensionada, a cuánto ascendía la renta del contrato anterior, etc.
Aumenta la desconfianza en el sector
La incertidumbre es una de las palabras que más se repite cuando hablamos de la nueva situación del sector inmobiliario en nuestro país. Debido a la velocidad a la que cambian las reglas del juego y las preguntas que quedan sin responder, los propietarios se mueven en un escenario de inseguridad constante y de recelo hacia el propio sector. Del lado del sector, se cancelan proyectos de expansión y nuevas aperturas por el alto riesgo y las escasas certezas.
Mayores costes en publicidad y equipos
Las muchas modificaciones normativas implican un incremento en los costes de publicidad por la contante renovación de los anuncios. En esta misma línea, Podemos hablar de los sobrecostes derivados de actualizar la programación en CRM, la necesidad de renovar equipos y formar a los trabajadores.
¿Cómo afecta la declaración de zona tensionada a propietarios e inquilinos?
La declaración de zona tensionada en 140 municipios catalanes permite la intervención de los precios del alquiler, que deberán ajustarse a lo que recoge el Índice de Precios elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sin embargo, esto no es así en todos los casos.
Los contratos que ya están en vigor no se verán afectados por esta medida. Asimismo, los pequeños propietarios que ya tengan una vivienda en alquiler y vayan a cambiar de inquilinos no tendrán que acogerse al precio de referencia marcado por el Índice, sino que deberán replicar el precio del último contrato, de tal forma que la renta quedará congelada si no se cumple alguna de las condiciones que permitirían aplicar una subida limitada.
Quienes sí que deberán ajustar los nuevos contratos a lo que indica el Índice de Precios son los grandes tenedores y los pequeños propietarios que pongan su vivienda en alquiler por primera vez. En estos casos, el precio del arrendamiento de un inmueble quedará limitado dentro del rango de precios que marque el Ministerio de Vivienda.
