- La incertidumbre de los propietarios desemboca en la contracción de la oferta, lo que precariza aún más el mercado del alquiler.
- “Hasta un 30% de los propietarios se plantea alguno de los modelos alternativos al alquiler residencial”, sostiene Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.
La Ley de Vivienda, y su desarrollo a través de la declaración de zonas tensionadas, supone un serio varapalo para el sector inmobiliario en España, que podría poner en peligro hasta un 25% de los puestos de trabajo que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), superaron los 170.000 profesionales a finales de 2023.
La incertidumbre generada por estas medidas está ya desembocando en la contracción de la oferta, contribuyendo así a precarizar aún más el mercado del alquiler. El incremento de los costes y la reducción de la facturación podrían acarrear la pérdida de puestos de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales. Desde Alquiler Seguro, se estima que hasta un 25% del equipo humano de estas empresas podría verse afectado por las consecuencias de la nueva situación. Por eso, los profesionales del sector inmobiliario forman uno de los colectivos que más está sufriendo los estragos de la nueva Ley de Vivienda.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2023 cerró con 172.600 personas empleadas en el sector inmobiliario, un ligero descenso frente a los 173.500 trabajadores con los que terminó 2022. El récord de empleo en esta rama de actividad se registró en el segundo trimestre del año pasado, cuando se alcanzaron los 187.100 ocupados.
Las consecuencias de todo esto ya se están dejando notar en Cataluña, la única comunidad autónoma que ha declarado una zona tensionada en 140 municipios donde se podrán intervenir los precios. Lloguer Segur, la filial de Alquiler Seguro en Cataluña, que gestiona más de 4.000 viviendas en esta región, está notando ya los problemas que conlleva esta nueva situación.
La Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas es una estrategia errónea que golpea en varias direcciones, subrayan desde Alquiler Seguro. Por un lado, en la destrucción de la oferta, que perjudica directamente a los inquilinos, ya que tendrán menos viviendas para alquilar. Por otro lado, acentuará la gentrificación de las grandes ciudades, como es el caso de Barcelona.
“Si bien la voluntad manifiesta es la de conseguir que los precios bajen, el alto grado intervencionista de esta regulación desemboca en una contracción de la oferta que provoca una tensión aún mayor en el mercado. Tanto es así, que hasta un 30% de los propietarios se plantean alguno de los modelos alternativos al alquiler residencial. Sin embargo, los inconvenientes con los que ahora tienen que lidiar desde el ámbito profesional de este sector no son una cuestión menor”, afirma Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.
Aumento de las dificultades en el sector
La pérdida de puestos de trabajo no es la única consecuencia negativa de estas medidas para el sector inmobiliario. La continua aprobación de nuevas normas y sus modificaciones implica un aumento de los costes de asesoría jurídica, debido al alto volumen de consultas que deben realizar las empresas afectadas.
Además, la Ley de Vivienda contempla un incremento en los tiempos de formalización de los contratos de arrendamiento por actualización, lo que supone un mayor coste indirecto y complica los trámites para alquilar.
La incertidumbre y la velocidad a la que cambian las reglas deja muchas preguntas sin responder. Los propietarios se mueven en un escenario de inseguridad constante y de recelo hacia el propio sector. Todo esto conlleva que se cancelen proyectos de expansión y nuevas aperturas por el alto riesgo y las escasas certezas.
Las muchas modificaciones normativas también implican un incremento en los costes de publicidad por la constante renovación de los anuncios. En esta misma línea, se generan sobrecostes derivados de actualizar la programación en CRM, de la necesidad de renovar equipos o de formar a los trabajadores.
¿Cómo afecta la declaración de zona tensionada a propietarios e inquilinos?
La declaración de zona tensionada en 140 municipios catalanes permite la intervención de los precios del alquiler, que deberán ajustarse a lo que recoge el Índice de Precios elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sin embargo, esto no es así en todos los casos.
Los contratos que ya están en vigor no se verán afectados por esta medida. Asimismo, los pequeños propietarios que ya tengan una vivienda en alquiler y vayan a cambiar de inquilinos no tendrán que acogerse al precio de referencia marcado por el Índice, sino que deberán replicar el precio del último contrato, de tal forma que la renta quedará congelada si no se cumple alguna de las condiciones que permitirían aplicar una subida limitada.
Quienes sí que deberán ajustar los nuevos contratos a lo que indica el Índice de Precios son los grandes tenedores y los pequeños propietarios que pongan su vivienda en alquiler por primera vez. En estos casos, el precio del arrendamiento de un inmueble quedará limitado dentro del rango de precios que marque el Ministerio de Vivienda.
