Este índice es un nuevo tope a la actualización de las rentas.
Mayor inseguridad jurídica desde enero de 2025, al coexistir dos índices para actualizar las rentas de alquiler.
Este índice redunda en medidas que desincentivan la creación de oferta, lo que dificulta aún más el acceso a una vivienda en nuestro país.
El nuevo índice para la actualización de los contratos de arrendamiento que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) “no es realmente un índice que atienda a la realidad del mercado del alquiler, sino un tope a la actualización de las rentas, para que éstas se encuentren siempre por debajo de la inflación real del país y por lo tanto desincentivando el mercado del alquiler y la generación de más oferta”, afirma Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.
“Este nuevo índice, vestido de una colección fórmulas matemática con correctores políticos y no profesionales, es en el fondo una intervención sobre la actualización de las rentas de alquiler. El Gobierno ha perdido la oportunidad de hacer un verdadero índice de referencia fiable, flexible y real del mercado de arrendamientos urbanos”, subraya Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.
“El nuevo sistema interviene aún más el mercado de la vivienda al forzar una actualización máxima para los contratos de arrendamiento, situándolos, año tras año, por debajo de la realidad del mercado residencial de alquiler”, subraya Antonio Carroza.
“Se trata de un instrumento que no tiene en cuenta la inflación real, ni las variaciones de los precios, y que empeora la situación general del alquiler en España”, recalca Carroza.
Más desincentivos a la oferta
“Este índice se suma a una serie de medidas que, desde hace tiempo, están perjudicando el mercado del alquiler, con una pérdida constante de oferta y una demanda que no para de crecer, en un escenario de aumento de precios”, prosigue Carroza”.
“Lo que podemos esperar con esto es más desincentivos para la oferta, ya de por sí muy escasa en nuestro país, lo que redundará en más subidas de pecios y más dificultades para que los jóvenes y las familias accedan a una vivienda”, prosigue.
Coexistencia de dos índices: mayor inseguridad jurídica y confusión
Además, es necesario señalar que este nuevo índice solo se aplicará a los contratos firmados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Los anteriores se regirán por las variaciones en el IPC.
“Esto genera aún más confusión e inseguridad jurídica para inquilinos, propietarios, y profesionales del sector, ya que durante un tiempo coexistirán dos índices diferentes que marcarán valores de referencia distintos para la actualización de rentas”, concluye Carroza.
