La ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda introdujo novedades importantes que han generado polémica en el sector y entre los agentes implicados. Una de ellas es la que tiene que ver con los gastos de gestión inmobiliaria, que ahora deben correr a cargo del propietario y no del inquilino.
Basándose en esta premisa, Alquiler Seguro ha recibido críticas y reclamaciones por parte de la Organización de Consumidores (OCU) a causa de lo que, a su juicio, es una transgresión de la norma: la OCU asegura que una parte de los cobros que Alquiler Seguro realiza a sus inquilinos corresponde a gastos de gestión inmobiliaria.
Sin embargo, la realidad es que Alquiler Seguro cumple escrupulosamente con la ley. Por lo tanto, esta afirmación es un error que bien pudiera deberse a la desinformación respecto al funcionamiento de dicha empresa.
La cantidad a la que se hace referencia corresponde a una serie de servicios que se le ofrecen al inquilino y de los que podrá hacer uso durante toda la vida de su alquiler, desde ayuda financiera o préstamos blandos, ayuda y asesoramiento en el cambio de titularidad en los suministros, atención exclusiva para el inquilino en la resolución de incidencias y asistencia jurídico-legal. En cuanto a los gastos a los que se refiere la OCU, es el propietario de la vivienda el que los sufraga, siempre.
La Ley de Vivienda no solo ha generado crispación y confusiones como esta, sino que también han tenido efectos nocivos sobre el mercado, cuyas consecuencias ya se han hecho notar. Muchos propietarios han sacado sus viviendas del mercado en vista de la incertidumbre y la poca rentabilidad que les aportan. En otros casos, han optado por colocarlas en otros modelos como el alquiler turístico o el de temporada. En definitiva, el peor de los escenarios posible: la destrucción de la oferta.
Alquiler Seguro, como empresa líder de los arrendamientos lleva 15 años recopilando datos y desarrollando mecanismos para profesionalizar y dinamizar el sector, ofreciendo protección y servicios a propietarios e inquilinos y remando a favor de la creación de oferta.
Muestra de ello es su reciente incorporación a la CEOE y la propuesta jurídica que se le ha trasladado para regular el alquiler de temporada, con la intención de ponerla en la mesa de trabajo del Ministerio de Vivienda.
